El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, dejó sobre la mesa este viernes varias de las enmiendas del Grupo Popular a la tasa de basuras de 2027 durante un pleno extraordinario celebrado por la mañana. Lo hizo después de que otras enmiendas del PP salieran adelante con los votos de PP, VOX y el concejal no adscrito Fernando Romero, pese a que los informes técnicos las consideraban incompatibles con la normativa.
Las enmiendas buscaban rebajar la tasa para que los vecinos pagaran menos el próximo año. El Ayuntamiento sostiene que Intervención, Secretaría General y Hacienda ya habían dado el visto bueno a los criterios de actualización que planteaba el equipo de Gobierno, y que el informe del director del Área de Hacienda, funcionario municipal, pone en duda la viabilidad jurídica y económica de varias de las propuestas del PP. Su conclusión es que algunas no deberían ni tomarse en consideración.
La partida de 94.353,35 euros
La objeción de mayor peso afecta a la propuesta de restar 94.353,35 euros al coste del servicio que sirve de base para calcular la tasa. Según las cuentas de la oposición, esa cantidad equivale a lo que el Ayuntamiento habría dejado de ingresar por la anterior concesionaria de la recogida de papel y cartón.
Hacienda responde que ese dinero no figura como ingreso efectivo y que ni siquiera existe todavía una determinación administrativa de la deuda. El importe sale de una estimación: los 35.000 euros de ingresos previstos para 2027, que el PP extrapola a ejercicios anteriores. El informe añade que no puede darse por hecho que esas cantidades se recuperen y que su inclusión como ingreso previsible no se ajusta al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ni al artículo 11.3 de la Ley 7/2022.
En la práctica, el Ayuntamiento puede reclamar responsabilidades a la antigua concesionaria si se acreditan incumplimientos, pero esa reclamación tiene que tramitarse y cuantificarse por el procedimiento legal. Hasta entonces, según Hacienda, no puede contarse como ingreso cierto para modificar el cálculo de la tasa.
Bonificaciones, penalidades y pago por generación
El informe revisa también las bonificaciones propuestas por el PP: aportaciones al Punto Limpio, familias numerosas, compostaje doméstico y prevención de residuos alimentarios. Algunas tienen cobertura normativa, pero Hacienda detecta problemas de regulación, sobre todo en la compatibilidad y acumulación de descuentos, en la identificación de quién puede beneficiarse y en los mecanismos para comprobar que se cumplen los requisitos.
Sobre la reducción del 100 % para actividades económicas que gestionen sus residuos con gestores autorizados, el documento recuerda que ya está recogida en el artículo 11.8 de la ordenanza, por lo que añadirla supondría duplicar la norma.
Tampoco convence la idea de descontar del coste del servicio lo recuperado mediante penalizaciones, indemnizaciones o incautación de garantías a contratistas. Para Hacienda, las penalidades de los contratos tienen carácter coercitivo, no son necesariamente ingresos del servicio y no pueden restarse de forma automática de su coste.
La propuesta de implantar un sistema de pago por generación en cinco años recibe una objeción de otro tipo. Hacienda considera que exige un estudio técnico y económico específico, inversiones y medios para medir los residuos que genera cada usuario, y que no se puede fijar una obligación con ese calendario sin demostrar antes que es viable.
Con todo, el Área de Hacienda concluye que no procede tomar en consideración estas y otras enmiendas por no ajustarse a la normativa aplicable ni al objeto y procedimiento del expediente. Otras propuestas quedan sujetas a las observaciones jurídicas y técnicas del informe y a lo que decida el Pleno.
