El debate sobre la posible incompatibilidad del asesor de Cultura en Coslada ha dado un paso más. El Partido Popular ha solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario para abordar una situación que, según sostiene, va más allá de una cuestión administrativa y afecta al funcionamiento del propio Ayuntamiento.
La petición del PP: cese inmediato y explicaciones
El Grupo Popular, liderado por Paco Becerra, ha registrado formalmente la solicitud para celebrar un Pleno extraordinario. El objetivo es exigir el cese “inmediato” del asesor de Cultura, Hugo Nieto de Miguel, y que el alcalde, Ángel Viveros, dé explicaciones públicas.
El foco está en una posible incompatibilidad administrativa. Según el PP, el asesor desempeña su cargo con dedicación exclusiva —una condición recogida en el decreto de Alcaldía que fijó su nombramiento— y percibe una retribución superior a los 53.000 euros anuales.
A partir de ahí, la duda es directa: si ese régimen exige exclusividad, ¿puede simultanearlo con otras actividades profesionales privadas?
Actividad teatral fuera del Ayuntamiento
La polémica se apoya en informaciones publicadas en medios nacionales. Según estas, Nieto estaría implicado en la dirección de producciones teatrales privadas, en concreto la obra El trovador, vinculada a la compañía Ensamble Bufo.
La obra ya se ha representado en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares y tiene prevista una próxima función en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. No se trataría, según el PP, de una participación puntual, sino de una actividad recurrente. De hecho, recuerdan que Nieto es fundador de la compañía y que habría dirigido distintas producciones desde 2019, año en el que comenzó su etapa como asesor municipal.
Este punto es clave en la argumentación popular: si la actividad privada es continuada, la posible incompatibilidad no sería un hecho aislado, sino estructural.
La cuestión legal: dedicación exclusiva y compatibilidades
El debate gira en torno a un aspecto técnico pero determinante: el régimen de dedicación exclusiva en la administración pública. Este tipo de vinculación implica que el cargo debe desempeñar su función a tiempo completo, salvo que exista una autorización expresa de compatibilidad.
Según el PP, no consta que dicha compatibilidad haya sido solicitada ni aprobada por el Pleno municipal, que es el órgano competente en estos casos. De confirmarse, la situación podría tener consecuencias legales.
Becerra lo resume en términos más simples: quien cobra un salario público a tiempo completo debe trabajar a tiempo completo para los vecinos.
Un pleno para aclarar responsabilidades
La solicitud del Pleno extraordinario cumple, según el PP, todos los requisitos legales necesarios para su convocatoria. La intención no es solo forzar el cese del asesor, sino también esclarecer si el alcalde tenía conocimiento de esta situación.
Ese matiz introduce un elemento político añadido. Porque la cuestión ya no es solo la actividad de un asesor, sino el control interno del propio equipo de gobierno.
De momento, el Ayuntamiento no ha ofrecido una respuesta oficial a esta petición. Y eso deja el escenario abierto a un debate que previsiblemente irá a más en los próximos días.
Un caso que trasciende lo administrativo
Aunque el origen del conflicto es técnico, el fondo es político. Se trata de confianza, de gestión de recursos públicos y de la línea que separa lo institucional de lo privado.
El Pleno, si se convoca, servirá para fijar posiciones y obligar a cada parte a retratarse. Mientras tanto, la polémica ya está sobre la mesa.
