Entre abril y mayo, agentes uniformados y de paisano de la Policía Local de Coslada recorrieron parques, áreas infantiles y zonas verdes del municipio con un encargo concreto: comprobar si los dueños de perros cumplían la normativa. El resultado fueron más de treinta requerimientos y doce denuncias, la mayoría por llevar al animal suelto y sin bozal.
La campaña, enmarcada en la ordenanza municipal y en la Ley 4/2016 de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, no se limitó a la correa. Los agentes vigilaron también que los propietarios recogieran los excrementos, que los animales no accedieran a zonas de juego infantil y que los dueños portaran la documentación obligatoria: seguro de responsabilidad civil, inscripción sanitaria y acreditación del microchip.
El grueso de las infracciones detectadas tiene consecuencias económicas nada menores. Circular por la vía pública sin recoger las deposiciones del animal o dejarlo suelto en zonas no habilitadas puede acarrear sanciones de hasta 600 euros. La cifra sube considerablemente en el caso de los perros potencialmente peligrosos: las infracciones relacionadas con la responsabilidad civil de estos animales están tipificadas con multas de hasta 2.400 euros.
La decisión de desplegar agentes tanto de uniforme como de paisano apunta a una estrategia deliberada: reducir el efecto disuasorio previo al control y observar el comportamiento real de los propietarios en ausencia de señales visibles de vigilancia policial. Las doce denuncias por perro suelto y sin bozal —el incumplimiento más repetido— sugieren que el problema no es desconocimiento de la norma, sino incumplimiento habitual en espacios percibidos como de baja vigilancia.
Desde el Ayuntamiento se ha subrayado la colaboración ciudadana como un factor clave en el desarrollo de la campaña, aunque no se han detallado los canales ni la naturaleza de esa participación.
