En una rueda de prensa celebrada ayer, el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, anunció que el juicio en su contra, conocido como ‘Caso Calvario’, no se llevará a cabo. “El juicio contra mí, porque además para un medio de comunicación concreto parece que era el único investigado, no será el próximo mes de febrero y no lo será porque no habrá juicio”, declaró Viveros.
El pasado mes de junio, Viveros estaba citado en el Juzgado de lo Penal número 4 de Alcalá de Henares junto a otros procesados para el inicio del juicio oral por el ‘caso Calvario’. Sin embargo, unos días antes, la jueza decidió modificar la apertura del juicio oral para resolver cuestiones previas. Según Viveros, este cambio fue significativo porque la magistrada atendió las reclamaciones que él y su abogado habían presentado durante años.
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Archivo definitivo sin posibilidad de recurso
El 4 de julio, la jueza declaró la nulidad de las declaraciones de los investigados por intempestivas y, por consiguiente, el sobreseimiento libre y archivo definitivo de todas las actuaciones contra Viveros por el caso Calvario. Además, la resolución no admite recurso alguno.
Viveros explicó que este proceso, que se inició hace una década, ha tenido cuatro momentos fundamentales. El primero fue cuando se iniciaron las actuaciones contra la Junta de Gobierno Local que aprobó la concesión de licencia para excavación a El Corte Inglés a cambio de una permuta en un terreno junto al Recinto Ferial de Coslada. Según Viveros, el caso no tenía fundamento desde el principio, ya que el convenio firmado en 2007 por el entonces alcalde del PP fue el que propició el acuerdo de permuta con el visto bueno de la Comunidad de Madrid.
En 2014, bajo el gobierno del PP, la Fiscalía de Alcalá de Henares archivó el primer intento de abrir un proceso. Sin embargo, en 2017, el caso se reabrió basándose en un segundo convenio. La jueza decidió entonces considerar investigados a todos los miembros de la Junta de Gobierno que en 2010, ya con Viveros como alcalde, dieron el visto bueno a la licencia de obras correspondiente.
Decisiones Judiciales y Repercusiones
El segundo momento clave fue cuando la jueza de Coslada decidió mantener la calificación de investigados solo para Viveros, el concejal de Urbanismo de 2010 y dos funcionarios del Ayuntamiento. Viveros destacó que la Junta de Gobierno es un órgano colegiado y solidario, por lo que todos los votos de sus miembros tienen el mismo valor.
Tercer momento clave: nuevas acusaciones y ampliación de plazos
El tercer momento clave se produce cuando la misma jueza, “probablemente al observar que la imputación inicial por un posible delito de destrucción de patrimonio no hay por donde cogerla y está a punto de prescribir, si no lo había hecho ya entonces”, adopta la medida de sumar al citado ilícito el de prevaricación administrativa, cuyos plazos de prescripción son mucho más amplios. Esta decisión se tomó sin permitir al alcalde recurrir dicha acusación con su declaración, provocando una indefensión evidente, que luego ha recogido la jueza en su auto de julio.
A pesar de la petición cursada por su abogado para que se le permitiera defenderse a través de su declaración, además de agregar la solicitud de toma en consideración del primer convenio entre el Ayuntamiento y El Corte Inglés de abril de 2007, un informe pericial y pruebas testificales, la jueza dio curso para la apertura del juicio en la sede de Alcalá de Henares. Inicialmente, se estableció como fecha principios de este año, aunque en dos ocasiones se aplazó por cuestiones relacionadas con los letrados de la defensa. Finalmente, se fijó el 24 de junio como inicio del juicio oral.
Anulación del Juicio en 48 Horas
El último momento destacado por el alcalde de Coslada fue la decisión de la magistrada del juzgado de lo Penal número 4 de Alcalá de Henares de, en apenas 48 horas tras petición de su abogado, y observando que todo lo actuado carecía de solidez jurídica, modificar la apertura del juicio oral por una sesión para resolver las cuestiones previas. Tras esta sesión, el 4 de julio, dictó el auto de sobreseimiento y archivo definitivo, sin opción alguna de recurso.
Repercusiones personales y políticas
Ángel Viveros subrayó que estos años han sido duros en lo personal, con repercusiones en la salud, en lo económico y, cómo no, en lo político. Comentó que, casualmente, las comunicaciones desde los juzgados de Coslada que conocían antes algunos medios que sus propios abogados se producían a escasas semanas de procesos electorales, tanto en las municipales de 2019 como en las de 2023. Esto, según él, influyó en el voto o la abstención de muchos vecinos y vecinas.
En los datos ofrecidos, Viveros enumeró que hasta junio de este año no se tuvo en cuenta su testimonio, tampoco el informe pericial elaborado por expertos universitarios, ni la solicitud de testigos como técnicos de la Comunidad de Madrid, de Patrimonio, o el responsable de la obra. Nada se tuvo en cuenta, pero sobre todo se obvió el primer convenio, el firmado por el PP, lo cual calificó de “muy extraño”.
Críticas a la actitud del PP y algunos medios
Viveros no dudó en reprochar la actitud mezquina, irreverente, falsa e insultante del PP y de algunos medios, que no han tenido reparo en mentir sobre este asunto, faltando al respeto constantemente con falsedades o medias verdades. Citó como ejemplo una noticia reciente en la que se recordaba este asunto y se ponía fecha al juicio oral sin contrastar la información con el Ayuntamiento o los servicios de prensa y comunicación del Poder Judicial.
A preguntas de los periodistas sobre si espera alguna petición de perdón, Viveros indicó que no lo espera, ya que quienes han sido capaces de hacer lo que le han hecho, con acusaciones falsas y alusiones personales, no serían valientes para algo así.
