El Ayuntamiento de Coslada ha recibido casi 300 solicitudes desde que entró en vigor el Real Decreto 316/2026 que regula la situación administrativa de miles de extranjeros en España. Y el volumen de expedientes no ha hecho más que crecer.
Un decreto que llega a unas oficinas ya saturadas
El Real Decreto 316/2026, aprobado el 14 de abril por el Gobierno de Pedro Sánchez, abre una vía de regularización para personas inmigrantes en situación irregular. La norma ha activado una avalancha de trámites en los servicios locales de toda la Comunidad de Madrid, y Coslada no es una excepción.
El problema es que los Servicios Sociales municipales no parten de cero. El portavoz del Partido Popular en el municipio, Paco Becerra, lo expuso con datos concretos en la nota de prensa que el grupo emitió el 29 de abril: los equipos de Trabajo Social llevan años acumulando retrasos estructurales en la tramitación de expedientes, derivados de una plantilla que no cubre las necesidades reales estimadas por la propia Comunidad de Madrid.
En ese contexto, la llegada de cientos de nuevos casos en pocas semanas no añade presión puntual. La multiplica.
Lo que dice el PP de Coslada
Becerra fue directo en su valoración. Señaló que «esta insuficiencia estructural de recursos humanos ha generado una situación de sobrecarga sostenida en los equipos de Trabajo Social», y advirtió que el escenario actual puede situar a los profesionales «en un escenario límite, agravando un colapso que ya se venía produciendo con anterioridad al proceso de regularización».
Desde el PP también recordaron que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el propio Real Decreto. El Ejecutivo autonómico argumenta que la norma daña la prestación de servicios públicos sin prever mecanismos de financiación ni provisión de medios, y que además contraviene normativa europea y compromete la Seguridad Nacional.
El portavoz popular dirigió una exigencia directa al alcalde, Ángel Viveros: que tome las medidas necesarias para no comprometer la calidad de la atención social, los derechos de la ciudadanía ni las condiciones laborales de los trabajadores del sector.
El fondo del problema: años de infradotación
Más allá de la disputa política en torno al decreto, los datos apuntan a una realidad que trasciende el debate ideológico. Los Servicios Sociales de Coslada no son un caso aislado. En toda la región, los equipos de Trabajo Social han funcionado durante años por debajo de los ratios recomendados, absorbiendo una demanda creciente con menos efectivos de los necesarios.
Cuando una administración arrastra ese déficit durante años, cualquier pico de demanda —sea por una crisis económica, una emergencia habitacional o un proceso de regularización masiva— puede convertir lo sostenible en inviable.
El PP plantea la cuestión como una advertencia sobre la gestión municipal. Pero la pregunta de fondo es más amplia: ¿tienen las administraciones locales capacidad real para asumir las consecuencias de decisiones que se toman en Madrid sin que vengan acompañadas de recursos?
Qué puede pasar ahora
El recurso de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo no suspende automáticamente la aplicación del decreto. Mientras los tribunales resuelven, los trámites siguen llegando. Y los técnicos de Servicios Sociales siguen atendiéndolos, con la misma plantilla de antes.
En Coslada, la respuesta del Ayuntamiento a esta situación —si habrá refuerzo de personal, si se habilitarán recursos extraordinarios o si se dejará que el sistema absorba la presión como pueda— está, de momento, sin concretar. El PP ha lanzado la advertencia. La pelota está en el tejado del equipo de gobierno.
