La reforma de la Ley de Residuos vuelve a poner el foco en cómo se gestionan los residuos en los municipios. Más de 130 organizaciones sociales, ambientales, de consumidores y de la economía social, entre ellas la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), han reclamado al Gobierno que cualquier modificación de la normativa vaya acompañada de mecanismos reales de control y cumplimiento.
La reivindicación tiene una lectura directa para ciudades como Coslada, donde la gestión de los residuos ya tiene un impacto económico visible para los vecinos a través de la tasa municipal de basuras. El Ayuntamiento aplica esta tasa desde 2025 en cumplimiento de la Ley 7/2022 y su importe está vinculado al coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos.
La cuestión que plantean las organizaciones no es, por tanto, únicamente qué dice la legislación, sino qué ocurre después de aprobarla.
Reclaman controles y sanciones para hacer cumplir la normativa
La Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa, en las que participa la FRAVM, han presentado sus aportaciones durante la consulta pública previa a la modificación de la Ley 7/2022. Su posición es que España necesita adaptar su normativa a las nuevas obligaciones europeas, pero también desarrollar las medidas que ya están aprobadas y reforzar los mecanismos de inspección, seguimiento y sanción.
Las entidades señalan que, cuatro años después de la aprobación de la ley, continúan pendientes distintos desarrollos normativos y medidas relacionadas con la prevención y la reutilización de residuos. Entre ellas citan la venta sin envases de determinadas frutas y verduras, la aplicación de medidas contra el desperdicio alimentario y la reducción de residuos procedentes de envases, textiles, productos de un solo uso y otros materiales.
En Coslada, el debate tiene además una dimensión económica. El sistema municipal de residuos supone un coste que se traslada a la financiación del servicio mediante una tasa obligatoria. Para las viviendas, el cálculo tiene en cuenta factores como el número de habitantes empadronados, la superficie, el valor catastral y la zona de recogida.
El sistema de depósito de envases, pendiente en Madrid
Uno de los ejemplos utilizados por las organizaciones para reclamar una aplicación efectiva de la legislación es el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno para envases de bebidas.
Según la FRAVM, su entrada en funcionamiento está prevista legalmente para el 22 de noviembre de 2026, pero el procedimiento de autorización de las entidades que aspiran a operar el sistema continúa bloqueado en la Comunidad de Madrid, sin un calendario conocido para su resolución.
Para las organizaciones, esta situación refleja el problema que quieren trasladar al Gobierno: aprobar una obligación y fijar una fecha no garantiza por sí mismo que la medida termine funcionando.
La propuesta pasa también por ampliar la reutilización, mejorar los sistemas de depósito y devolución, favorecer la reparación y reutilización de productos y establecer mecanismos que impidan que determinados residuos o sustancias peligrosas terminen entrando en circuitos de reciclaje sin controles suficientes.
En el caso de Coslada, la legislación estatal ya ha tenido consecuencias concretas: la implantación de la tasa municipal de residuos responde al mandato de la Ley 7/2022 y convierte la gestión de los residuos en una cuestión que afecta directamente tanto a las cuentas municipales como al bolsillo de los propietarios de viviendas y locales.
La reclamación de las organizaciones añade ahora otra cuestión al debate: que las obligaciones de prevención, reutilización y reducción de residuos tengan también mecanismos efectivos para comprobar que se cumplen.
