El tribunal situado en Coslada acaba de lanzar una señal de alerta. La magistrada titular, Cristina Merlo Llanos, decidió suspender casi todos los procedimientos civiles. Su decisión responde a lo que ella misma califica como un “estado cercano a la catástrofe”.
La medida implica que, de forma inmediata, quedan detenidas las demandas ordinarias a la espera de mejoras en la carga de trabajo. Solo seguirán adelante los casos urgentes: asuntos de familia, incapacidades, internamientos y determinados desahucios.
Una crisis que deja a miles de casos en el limbo
Según la providencia fechada el 14 de noviembre de 2025, el tribunal decidió la suspensión “hasta que los órganos penales estén en una situación que no comprometa su futuro”. Es decir, la congestión penal -reforzada por los cambios introducidos por la Ley Orgánica 1/2025- ha terminado por colapsar también la vía civil.
La magistrada había solicitado refuerzos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero hasta ahora no había recibido respuesta. El resultado: miles de ciudadanos sin plazos claros para resolver sus conflictos legales.
La decisión no ha sido una declaración simbólica. Las demoras acumuladas, el volumen de expedientes y la falta de recursos han convertido al juzgado en un nudo que impide avanzar prácticamente cualquier caso civil.
Un sistema judicial local al borde del colapso
La situación de este tribunal de Coslada no es libre de contexto. La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 pretendía agilizar la justicia, pero ha terminado sobrecargando juzgados ya saturados.
Según expertos, la reforma ha incrementado los requisitos procedimentales y el papeleo, sin dotar de medios humanos ni materiales a los juzgados. Una mezcla peligrosa que ha provocado que la justicia cotidiana —la de despidos, reclamaciones o herencias— quede paralizada.
Para muchos ciudadanos, la decisión supone un nuevo golpe al derecho a una tutela judicial efectiva en tiempo razonable. Lo que antes podía resolverse en meses, ahora podría tardar años.
Reacciones, incertidumbre y responsabilidad compartida
La magistrada justifica su medida como un grito de auxilio institucional. Pero el problema supera al juzgado: exige soluciones urgentes desde instituciones superiores y una reflexión profunda sobre la reforma judicial.
Ciudadanos, abogados y asociaciones del ámbito jurídico advierten del riesgo: la Justicia deja de ser un servicio garantizado para pasar a depender del azar y de la suerte de cada tribunal.
Mientras tanto, los afectados ya se cuentan por decenas: familias en espera de separaciones, personas con reclamaciones económicas, víctimas de desahucios. Todos a la espera de un sistema que deja en el aire sus derechos.
¿Qué implica este parón para Coslada?
Para Coslada, la paralización de su tribunal civil significa más que un retraso burocrático: es un freno real a la seguridad jurídica de sus vecinos.
Significa demoras indeterminadas, incertidumbre, estrés y sobrecarga emocional para quienes confiaban en la justicia como vía de resolución.
Pero también implica una llamada urgente a la responsabilidad institucional: sin dotaciones, sin refuerzos, sin recursos, la justicia deja de ser servicio público para convertirse en privilegio.
Coslada, y toda la región, están en deuda con quienes necesitan que la ley funcione para proteger derechos, resolver conflictos y garantizar convivencia.
Fuente: ConfiLegal
