El debate sobre la Zona de Bajas Emisiones sigue marcando la agenda política municipal. En el último Pleno extraordinario celebrado en Coslada, el Partido Popular ha expresado su rechazo a la aprobación inicial de la ordenanza que regula esta medida, impulsada por el equipo de Gobierno municipal.
La votación se produjo durante una sesión convocada específicamente para abordar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, una iniciativa que deriva de la normativa estatal y que afecta a los municipios de más de 50.000 habitantes. En este contexto, el PP ha justificado su voto en contra alegando que el modelo planteado no responde a criterios de proporcionalidad ni equidad.
El portavoz popular, Paco Becerra, ha señalado que su grupo comparte la necesidad de mejorar la calidad del aire y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, pero considera que la propuesta presentada no garantiza una aplicación justa para el conjunto de la ciudadanía y los sectores económicos locales.
Un modelo que consideran excesivo y restrictivo
Desde el Partido Popular se argumenta que la Zona de Bajas Emisiones proyectada afecta al 96 por ciento del término municipal de Coslada, lo que, a su juicio, la convierte en una medida excesiva. Además, señalan que el acceso quedaría restringido a los vehículos con distintivo ambiental, dejando fuera a una parte importante del parque móvil actual.
Otro de los aspectos criticados es el carácter que consideran recaudatorio de la ordenanza, al contemplar sanciones económicas que podrían alcanzar los 260 euros en caso de incumplimiento. Según el grupo popular, este enfoque penaliza a vecinos, autónomos y pequeños comercios sin ofrecer alternativas suficientes.
Propuestas alternativas rechazadas
Durante la tramitación del texto, el PP afirma haber presentado casi una veintena de propuestas con el objetivo de mejorar la ordenanza. Entre ellas, planteaban una implantación progresiva de la Zona de Bajas Emisiones, un periodo experimental de doce meses, la creación de un sistema de permisos para residentes y profesionales, así como un plan municipal de ayudas y bonificaciones fiscales para facilitar la renovación de vehículos.
Según el portavoz del grupo, todas estas iniciativas fueron rechazadas por el equipo de Gobierno, lo que ha reforzado su posición contraria a la aprobación inicial de la ordenanza.
Impacto en vecinos y actividad económica
El Partido Popular sostiene que el modelo propuesto puede tener un impacto negativo en la vida diaria de los vecinos y en la actividad económica de Coslada. En este sentido, insisten en que cualquier implantación de una Zona de Bajas Emisiones debe ir acompañada de medidas reales de apoyo al comercio local, a los autónomos y a las familias que dependen del vehículo privado.
Desde el grupo municipal reiteran que no se oponen a la mejora de la calidad ambiental, pero sí a una aplicación que, en su opinión, no tiene en cuenta la realidad social y económica del municipio.
El debate sobre la Zona de Bajas Emisiones en Coslada continuará ahora durante el periodo de información pública, en el que podrán presentarse alegaciones antes de la aprobación definitiva de la ordenanza.
