El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Coslada ha citado a declarar, en calidad de investigados, a todos los políticos que formaban parte de la Junta de Gobierno que, en diciembre del año 2010, concedió la licencia para el movimiento de tierras en el solar donde está previsto que se construya el futuro centro comercial de El Corte Inglés. Una Junta de la que formaban parte todos los partidos con representación municipal aquella legislatura incluido el PP, entonces en la oposición.
En aquella reunión, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Coslada autorizó las obras sobre una parcela de casi 30.000 metros cuadrados que ocupaba parte del antiguo yacimiento prehistórico de El Calvario. Un lugar para el que el propio ayuntamiento, en 1992, solicitó protección como Bien de Interés Cultural sin que esta declaración llegara a ser nunca concedida.
Una investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente ha provocado esta citación judicial a la que ha tenido acceso la CADENA SER. En ella, no se especifica un delito concreto pero sí la condición de investigados del actual alcalde de Coslada, Ángel Viveros Gutiérrez (PSOE), tres de sus concejales del equipo de gobierno, Iván López Marina, Mª Del Rosario Arroyo Lázaro y Mª Teresa González Ausín, el exalcalde y portavoz del PP, Raúl López Vaquero, y el concejal de la oposición no adscrito, Pedro San Frutos Pérez, exportavoz de IU-CM. Otros tres concejales que ya no están en activo, Ana Belén Guillén Pablo, Manuel Torrús Castilla y quien fuera único portavoz de la extinta Plataforma de Izquierdas de Coslada (PIC), Antonio Murillo, también han sido citados junto al arquitecto municipal, José Luis Alonso Dávila, representado por la procuradora María del Mar Elipe Martín.
Todos los investigados con los que se ha puesto en contacto SER Henares muestran su sorpresa y tranquilidad respecto a un asunto que consideran ya aclarado. «No entiendo que, otra vez, vuelvan a remover algo que está manifiestamente claro», explica el alcalde, Ángel Viveros. Sobre la protección del suelo, explica que «en 2007, antes de llegar al gobierno, se hizo una modificación del Plan General de Urbanismo y la Comunidad de Madrid no advirtió de que eso fuera necesario antes de elevarlo a pleno porque entiendo que ellos también pensaban que esa declaración como zona BIC estaba caducada«. En el mismo sentido, el entonces portavoz de IU-CM y concejal de gobierno, Pedro San Frutos, asegura que no tenían conocimiento de que hubiera ninguna protección sobre la parcela. «De hecho -dice San Frutos-, nosotros estábamos en desacuerdo con la fórmula que se utilizó pero no porque fuera nada ilegal sino porque hubiéramos preferido otra. Lo que hicimos fue cumplir con lo que los técnicos nos decían. Además, estoy convencido de que si el concejal de Urbanismo (Antonio Murillo), cuyo partido denunció el proyecto en los tribunales, se hubiera opuesto de haber tenido conocimiento. No tengo ninguna duda«. Ambos se muestran convencidos de que rechazar aquella propuesta favorable de los técnicos sí podría haber supuesto un posible delito de prevaricación administrativa por conculcar los derechos de la empresa.
En el año 2012, el gobierno de la Comunidad de Madrid abrió un expediente entendiendo que debía haberse informado al área de Patrimonio pero, tras la presentación de un informe técnico del Ayuntamiento de Coslada, decidió archivarlo dos años más tarde. Los afectados confían en que el caso, en diligencias previas, sea archivado tras su declaración en el juzgado a finales del próximo mes de febrero.
